Las plantas fotovoltaicas se enfrentan a una catástrofe económica. El Real Decreto-Ley (RDL) 14/2010 del déficit tarifario del sector eléctrico les va a suponer una caída del 30% en los ingresos. Más de la mitad de estas empresas, unas 50.000, buscan fórmulas de refinanciación o, directamente, se van a declarar en concurso, según señalaron diversos expertos concursales y las patronales del sector.

Los apoyos parlamentarios del Gobierno harán que, previsiblemente, el tarifazo sea ratificado. Ante este panorama, las solares vuelcan sus esfuerzos en los recursos que van a presentar ante el Supremo y el Constitucional por responsabilidad patrimonial del Estado.

Así, las patronales se reúnen la semana que viene para aunar esfuerzos y presentar una demanda colectiva. Además, valorarán si es oportuno fusionarse y crear una sola plataforma. En juego, la supervivencia de un sector con 80.000 empresas, 60.000 de ellas pymes, que suponen cerca de 100.000 puestos de trabajo. Entre las grandes, compañías como Isofotón, Solaria, Siliken, Bergé Generación o Grupo T-Solar.

El RDL establece un límite anual a las horas de producción a las que resulta aplicable la tarifa fotovoltaica o prima por la producción de kilovatio/hora.

Todo lo que exceda de esa cantidad habrá de venderse a precio de mercado, muy inferior. El límite de horas se produce en dos fases: entre 2011 y 2013 es más severo, de 1.707 horas al año (las plantas solares estaban produciendo entre 2.100 y 2.500); y, a partir de 2013, el umbral se establece por zonas geográficas, si bien en general es menos estricto.

Esta medida impacta de manera importante en los ingresos de las plantas solares, sobre todo si se tiene en cuenta la forma en que se ha instrumentalizado la inversión. En general, hasta 2007, se ha realizado mediante la fórmula del project finance, con un gran apalancamiento o endeudamiento financiero cuya devolución depende de que se cumplan los ingresos previstos en el plan de negocio. Se han invertido alrededor de 25.000 millones de euros, con un apalancamiento superior a los 20.000.

Los ingresos se preveían fijos, debido a la tarifa fotovoltaica, sin limitaciones anuales (cada planta podía vender todas las horas que fuese capaz de producir), ni caducidad de la inversión.

Pues bien, el Real Decreto introduce importantes limitaciones y llega después de un Decreto anterior, el 1565/2010, de 19 de noviembre, que ya redujo el importe de la tarifa fotovoltaica y suprimió con carácter retroactivo el derecho a la percepción de prima a los 25 años de vida útil.

Con una reducción de alrededor del 30% de los ingresos, la mayoría de los proyectos no podrán hacer frente al pago de las cuotas de amortización e intereses en el periodo 2011–2013, lo que va a provocar una masiva declaración de concursos. Esto se agrava por la necesidad de hacer las inversiones técnicas en 2011.

Todo ello, cuando las empresas no podrán acogerse a la reforma concursal, que salió del Consejo de Ministros el pasado 17 de diciembre, y que no entrará en vigor hasta septiembre, casi un año después de lo previsto.

Además, las empresas lamentan la “inestabilidad regulatoria” en la energía solar fotovoltaica, que desde 2008 ha experimentado cuatro cambios, lo que incide en la viabilidad de estas instalaciones y en la pérdida de “credibilidad” de un sector que sufre un “golpe importante” a las inversiones realizadas.

La Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen) se va a reunir con todas las patronales para analizar si adoptan una postura conjunta. También va a crear una plataforma de damnificados, tanto de asociados como de pequeños ahorradores afectados.

Su presidente José Antonio Soler, explica que están estudiando recurrir ante el Supremo, el Constitucional e, incluso, el Tribunal Europeo las dos normas aprobadas.

Por su parte, el presidente de la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), Juan Laso, recuerda que esta regulación es, además, “retroactiva, con un fuerte impacto en la viabilidad de los proyectos, que además de provocar un aluvión de declaraciones concursales y recursos, va a tener un importante efecto en los mercados”.

Los cerca de 20.000 millones de euros invertidos, entre 2007 y 2008, en estos proyectos fueron a cargo de bancos (españoles y extranjeros), inversores institucionales internacionales y particulares españoles. Una encuesta realizada entre 52 firmas internacionales de inversión por Opinion Research Business muestra su preocupación

Antes de reclamar ante el TC por responsabilidad patrimonial del Estado, Laso explica que AEF va a intentar “que los grupos parlamentarios entren en razón” y que se tramite como Proyecto de Ley. Sin embargo, la inestabilidad no acaba aquí. Laso recuerda “la habilitación que el Real Decreto da poder al Gobierno para modificar a futuro las horas estructurales, lo que introduce una inseguridad absoluta”.

En esta línea, Mariano Aguayo, presidente de Mariano Aguayo Abogados, reconoce que “la situación concursal o preconcursal es evidente en muchos casos,” y apunta que “las entidades financieras tendrán que replantearse sus posiciones”. Aguayo concluye: “Este tsunami jurídico dispara el riesgo país y espanta a los inversores por mucho tiempo”.

Los cambios
· El Real Decreto-Ley 14/2010 del déficit tarifario establece un límite a las horas de producción a las que se aplica la prima fotovoltaica. El excedente se venderá a precio de mercado.

· El límite de horas se produce en dos fases: entre 2011 y 2013 es más severo, 1.707 horas al año (las plantas producían entre 2.100 y 2.500); y, a partir de 2013, por zonas y menos estricto.

· Componen el sector 80.000 empresas, 60.000 de ellas, pequeñas, que suponen 100.000 puestos de trabajo. Entre las grandes, Isofotón, Solaria, Siliken, Bergé o T-Solar.

· La inversión se ha realizado mediante el project finance, con un gran endeudamiento cuya devolución depende de que se cumplan los ingresos que prevé el plan de negocio.

El Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, ya redujo la tarifa fotovoltaica y suprimió con carácter retroactivo el derecho a la percepción de prima a los 25 años de vida útil.

· Las empresas estudian recurrir ante el Supremo la norma de noviembre, y llevar el que está en tramitación en el Congreso, al Constitucional e, incluso, al Tribunal Europeo.